09/06/2011
Las Academias se resisten a entrar en el
siglo XXI
J. M. Marcos,
Público
La polémica del
Diccionario Biográfico
Español de la Real Academia
de la Historia (RAH) ha destapado las
dinámicas anacrónicas de
unas instituciones con reglamentos
establecidos durante el franquismo.
Educación renovó los
estatutos de dos de ellas la semana
pasada.
La Real Academia de las Ciencias
Morales y Políticas presenta en
su página web dos
categorías de miembros: la lista
actual y la lista histórica.
Manuel Fraga Iribarne, a sus 88
años, encabeza la primera, en la
que también figura Rouco Varela.
La reciente polémica del
Diccionario Biográfico
Español, editado por la Real
Academia de la Historia, ha puesto el
foco sobre estas instituciones cobijadas
bajo el paraguas del Instituto de
España, que reciben cuantiosas
subvenciones públicas de las que
justifican los gastos administrativos,
pero poco más.
La mayoría de las reales
academias presenta unos estatutos
anquilosados que las condenan a un
funcionamiento errático y lejos
de unos mínimos
democráticos. Es el caso de la
Real Academia de la Historia, que
presenta la siguiente peculiaridad: el
cargo del director se puede renovar sin
límite y, a la vez, es el mismo
director el que designa a la Junta de
Gobierno. «Es un coto cerrado al
que es imposible entrar. El Gobierno se
ve obligado a mantener la
subvención, pero su sistema es de
una anacronía absoluta. Hay
miembros que no son historiadores, y
están ahí»,
denunciaba el catedrático de
Historia de la Universidad de Barcelona
Andreu Mayayo.
El sistema de cooptación que rige
las reales academias no favorece el
pluralismo, ya que no se pueden
presentar candidaturas externas si no
vienen avaladas por varios
académicos. El ministro de
Educación, Ángel
Gabilondo, justificaba los desajustes de
estas instituciones y apelaba a la
paciencia con un lacónico
«se están renovando».
Dos lavados de cara
La pasada semana, el Consejo de
Ministros aprobó dos reales
decretos por los que se aprobaron los
nuevos estatutos de dos reales
academias: la de Ciencias Morales y
Políticas y la Nacional de
Medicina. Ambas seguían
funcionando bajo un régimen
normativo del franquismo, datado a
finales de los años sesenta.
«Se pretende modernizarlas,
dándoles más seguridad
jurídica y capacidad de
autorregulación. Se ha empezado
con estas dos, pero los estatutos del
resto de Academias se irán
cambiando poco a poco»,
señalaron a Público
fuentes del Ministerio de
Educación.
Las modificaciones en las normativas
apuntan, entre otros aspectos, a
dotarlas de instrumentos
democráticos con los que antes no
contaban. Por ejemplo, los principales
cambios en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas se refieren a
«considerar válido el voto
por correo de los académicos y
académicas de Número para
la provisión de cargos,
especificar la limitación en la
duración de los cargos, tanto
para la presidencia como para los
demás cargos académicos, y
asentar de forma clara el quórum
exigido en las elecciones de
académicos y académicas y
en las de cargos
académicos».
Cambios en la casa madre
La revisión de estas
instituciones comenzó a finales
del año pasado, cuando se
refundaron los estatutos del Instituto
de España. Este organismo se
creó durante el régimen de
Franco y funcionaba por unas normas
establecidas en 1947.
Como primer paso, se decidió que
la presidencia del instituto no fuera
nombrada desde Educación y pasase
a ser rotatoria: desde el pasado mes de
octubre, cada año lo dirige el
presidente de una de las ocho reales
academias (en la actualidad, el
presidente es José Manuel Blecua,
de la Real Academia Española).
Con esta medida se pretendía que
el instituto fuera «el cauce para
que las academias pudieran coordinar el
cumplimiento de todas aquellas funciones
que resulte preferible ejercer en
común, eliminando al mismo tiempo
cualquier residuo de tutela, control o
restricciónde su
autonomía».
Los Presupuestos Generales del Estado
incorporan anualmente una cantidad
destinada a ayudar económicamente
a las reales academias en el desarrollo
de las actividades. Estas cantidades se
distribuyen de dos formas: una serie de
subvenciones nominativas para el
Instituto de España y Reales
Academias (cerca de 15 millones de euros
en 2011) y sendas dotaciones de ayudas
para el desarrollo de actividades
concretas de estas instituciones (casi
tres millones de euros), que se conceden
mediante convocatorias en concurrencia
competitiva.
Ancladas en el pasado
Pese al afán modernizador, las
academias arrastran dinámicas y
rituales del pasado. Frente a la
más avanzada Real Academia
Española (RAE), citada por los
expertos como una institución
«viva», aparecen otras como
la de la Historia, mucho más
esclerotizadas. Por ejemplo, en la RAE
suele haber disputa entre dos o tres
aspirantes cuando queda un puesto
vacante, mientras en la RAH es raro
encontrar más de un candidato.
«Las Academias se fundaron en el
siglo XVIII y tienen rituales que no son
los de esta época, pero no se van
a liquidar de un plumazo por tener ideas
que no son políticamente
correctas en el siglo XXI. Es verdad que
se necesita que los académicos
trabajen para la Academia, por lo que no
conviene nombrar a octogenarios»,
señala Fernando Marías,
académico de 61 años
recientemente elegido para ingresar en
la RAH.
La RAH presenta uno de los sistemas de
ingreso más restrictivos de todas
las Academias. Nadie puede presentar
personalmente su candidatura a la plaza
de académico, por lo que
sólo se aceptan las que sean
propuestas por tres académicos de
número. Además, el
director de la Academia es el que
propone a los demás cargos
directivos, que después se
aprueban en el pleno. Todos los
académicos pueden repetir cargo
en sucesivas elecciones.
Estas dinámicas han creado un
círculo cerrado donde es
difícil acceder y que se ha ido
alejando de las principales corrientes
historiográficas actuales. Como
dijo el catedrático Julián
Casanova, «la RAH sigue pensando
que la historia es una cosa de reyes y
batallas».