Para el hablante español medio, la autoridad máxima, algo así como el tribunal supremo del idioma, es la Real Academia Española. Esta institución oficial nació, en 1713, con un carácter exclusivamente técnico (diferente del de hoy, que es en gran parte honorífico) y con una finalidad muy definida, que está de manifiesto en su lema: Limpia, fija y da esplendor.
Es decir, su misión era, basándose en el uso de los mejores escritores, establecer una forma precisa y bella de la lengua, exenta de impurezas y elementos superfluos. Con tal objetivo, compuso la Academia su célebre Diccionario en seis volúmenes llamado "de Autoridades" (1726-1739), y más tarde su Ortografía (1741) y su Gramática (1771). La autoridad que desde un principio se atribuyó oficialmente a la Academia en materia de lengua, unida a la alta calidad de la primera de sus obras, hizo que se implantase en muchos hablantes -españoles y americanos-, hasta hoy, la idea de que la Academia "dictamina" lo que debe y lo que no debe decirse. Incluso entre personas cultas es frecuente oír que tal o cual palabra "no está admitida" por la Academia y que por lo tanto "no es correcta" o "no existe".
En esta actitud respecto a la Academia hay un error fundamental, el de considerar que alguien -sea una persona o una corporación- tiene autoridad para legislar sobre la lengua. La lengua es de la comunidad que la habla, y es lo que esta comunidad acepta lo que de verdad "existe", y es lo que el uso da por bueno lo único que en definitiva "es correcto".
La propia Academia, cuando quiso imponer una determinada forma de lengua, no lo hizo a su capricho, sino presentando el uso de los buenos escritores. La validez de un diccionario o de una gramática en cuanto autoridades depende exclusivamente de la fidelidad con que se ajusten a la realidad de la lengua culta común; ninguna de tales obras ha de decirnos cómo debe ser la lengua, sino cómo es, y por tanto su finalidad es puramente informativa. Se puede buscar en ellas orientación, no preceptos.
La actitud de reverencia ciega a la Academia, unida a la adhesión literal a uno de los principios de fundación de ésta, da lugar a la posición purista, que rechaza cualquier palabra nueva por ser extranjera o simplemente por ser nueva. El punto de partida de esta postura es el de suponer que una lengua es una realidad fija, inmutable, perfecta; ignorando que tiene que cambiar al paso que cambia la sociedad que la habla, y que, al ser un instrumento al servicio de los hablantes, éstos la van adaptando siempre a la medida de sus necesidades.
Pero no debe confundirse el purismo, tradicionalista y cerrado, desdeñable por absurdo, con una conciencia lingüística en los hablantes -realista y crítica a la vez- que con sentido práctico sepa preferir, entre las varias formas nuevas que en cada momento se insinúan, las más adecuadas a los moldes del idioma, y que, reconociendo la necesidad de adoptar extranjerismos, sepa acomodarlos a estos mismos moldes. El desarrollo de tal conciencia lingüística sería uno de los mejores logros de una buena enseñanza de la lengua.
Si la lengua es de todos; si nadie, ni Academia ni gramáticos, la gobiernan ¿cómo se mantiene su unidad? Ya hemos dicho que el instinto general de conservar el medio de comunicación con los demás, necesidad de toda sociedad, es lo que frena y contrarresta la tendencia natural a la diversidad en el hablar. Este instinto es el que establece las normas que rigen en cada comunidad.
Aunque es indudable la existencia de una norma en la lengua, también es innegable que no existe "una" norma. La supernorma, la norma general, es, desde luego, la lengua culta escrita, que presenta una clara uniformidad básica en todo el mundo hispanohablante; pero el uso cotidiano se fragmenta en normas menores, variables según la geografía y según los niveles, que, sin romper la unidad general del idioma,, ofrecen a menudo matices muy peculiares. A esta variedad de normas, y no sólo a una dogmática norma unitaria, debe atender una enseñanza realista de la lengua, en beneficio de los hablantes y de la propia lengua.