Españoles reclaman el derecho de estudiar en castellano

El MundoPocas competencias transferidas a las comunidades autónomas son tan cuestionadas por la ciudadanía como la de Educación. Así lo vuelve a poner de manifiesto la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, según la cual el 79% de los españoles es partidario de que el Estado recupere capacidad normativa en materia educativa.Del sondeo se desprende también que el 87,4% de la ciudadanía cree que debería aprobarse una ley que garantizase la enseñanza en castellano en todas las comunidades autónomas.La respuesta de los españoles a la encuesta no implica necesariamente la centralización de la política educativa ni una censura a la transferencia de la gestión, pero sí la recuperación de una potestad y una autoridad perdidas y la crítica a la consolidación de 17 sistemas diferentes.Curiosamente, el porcentaje del 79% que es partidario de que el Estado recupere capacidades en la legislación educativa, se eleva al 82% en el caso de la población más joven, entre 18 y 44 años, que corresponde a las generaciones que han vivido como normal que la gestión de la educación dependa de su comunidad autónoma.Si examinamos la respuesta de los encuestados en función de su voto político, encontramos que los alineados con el PSOE y con el PP se alinean también, en una proporción del 81%, con esta reivindicación.El hilo conductor entre la preocupación por la descentralización absoluta y las políticas de inmersión lingüística que se abren paso en las comunidades con dos lenguas parece innegable.En cuanto a la abrumadora mayoría que es partidaria de que se elabore una ley para garantizar la enseñanza en castellano en todas las comunidades autónomas, la principal justificación es que, en opinión de ese 87,4% de los encuestados, ningún estudiante de una autonomía unilingüe –actualmente, el 62% de la población en edad escolar– debe verse perjudicado en su vida académica si tiene que cambiar su residencia a una comunidad bilingüe, como tampoco deben hacerlo los que de una bilingüe se muden a otra con una lengua cooficial distinta.En esta línea de pensamiento, los votantes del PP ganan a los del PSOE, aunque por muy poco: un 93,3% de quienes apoyaron a los populares en las últimas elecciones frente a un 85,5% de quienes respaldaron a los socialistas. Los ciudadanos parecen conscientes de la posibilidad de encontrar dificultades si, siendo castellanohablantes, deben vivir y trabajar en una comunidad bilingüe.Trabajar en otra lenguaAunque Cataluña va por delante en su sistema de inmersión lingüística y está acostumbrada a ser objeto de suspicacias, ya no está sola como comunidad que aúna el concepto de ciudadanía con el conocimiento de la denominada "lengua propia".Bien es cierto que Baleares ha tenido una evolución similar a la de Cataluña, aunque más inadvertida, tal vez, porque se consolidó bajo gobiernos del PP y no de partidos nacionalistas (hasta hace dos años).Junto a estas dos autonomías, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco han ido subiendo peldaños con más lentitud y menos ruido, aunque en los últimos años han puesto velocidad de crucero.Ahora, para trabajar como funcionario en estas regiones hay que saber hablar su lengua cooficial. Para acceder a cualquier subvención o ayuda pública, conseguirla depende, a veces, de que se emplee dicha lengua en la actividad subvencionable. Y, para estudiar, más vale conocerla y emplearla.Realmente, a la mitad de los españoles (50,7%) no parece importarle el hecho de tener que aprender otra lengua si de ello depende conservar un puesto de trabajo, pues afirman que aceptarían un empleo en otra comunidad aunque tuvieran que ponerse a estudiar la lengua cooficial de la misma.Cierto es, también, que un 43,7% dice que rechazaría un trabajo que conlleve tales exigencias, pero si observamos la respuesta de la población por grupos de edad, queda claro que los más jóvenes y los que están en medio de su vida laboral o en pleno desarrollo de su carrera profesional están más dispuestos a aprender y usar una segunda lengua: el 57% entre 18 y 29 años y el 60,7% entre 30 y 44 años.Si analizamos la respuesta por el voto político, encontramos que quienes dieron su apoyo al PSOE (un 54,8%) son más comprensivos con el requisito lingüístico que quienes votaron al PP (un 40,3%).Sin embargo, cuando los ciudadanos piensan en sus hijos y en cómo puede afectarles la política lingüística, la disposición cambia radicalmente. La encuesta revela que la mayoría de los españoles no pasa por que sus hijos no puedan ser escolarizados en castellano allá donde vayan, dentro del territorio nacional.En el caso de que la autonomía obligara a educar a los niños en un sistema de inmersión lingüística, la oferta de trabajo sería rechazada por un 60,6% de los españoles y sólo aceptada por un 32,6%.Incluso un 57,7% de la población más joven, entre 18 y 29 años, con toda la vida laboral por delante, se negaría. También un 60,4% del segmento entre 45 y 64 años.Según la opción política, rechazaría el empleo un 73,2% de los votantes del PP y un 55,2% de los del PSOE.Las comunidades objeto de este rechazo, ateniéndonos al supuesto planteado, serían principalmente Cataluña y Baleares, donde la enseñanza se imparte en catalán desde Primaria, con la salvedad de que los niños que sólo hablan castellano pueden optar a la ayuda de un traductor en el aula, además de a clases de refuerzo. Ésa es, de hecho, la alegación de la Generalitat cuando el Tribunal Supremo la ha obligado a tener en cuenta la lengua materna de los niños.Pero Galicia y País Vasco, donde el cerco se ha estrechado en los últimos dos años, también podrían ser objeto de recelo de los encuestados.En Galicia, un decreto del Gobierno PSOE-BNG estableció a los colegios un mínimo del 50% de asignaturas impartidas en gallego y la exigencia de que en ese mínimo vayan las materias troncales, como matemáticas, ciencias, historia o literatura.En el País Vasco, a la espera de una ley educativa que nunca acaba de negociarse, otro decreto fijó niveles de conocimiento del euskara en cada ciclo escolar, que prácticamente desterraron de los colegios el modelo A, de enseñanza en castellano. Ahora, el sistema se asienta sobre los modelos B (mitad en euskara, mitad castellano) y D (en euskera, menos la asignatura de Lengua castellana).En la Comunidad Valenciana, la aparente armonía de una enseñanza al 50% tiene tendencia a desequilibrarse en favor del valenciano en algunas zonas de la región.En relación con las políticas lingüísticas de las comunidades bilingües, la encuesta de Sigma Dos también suscita una cuestión sobre las sanciones de la Generalitat de Cataluña a los comerciantes que no rotulen sus negocios en catalán.Sólo el 8% de la población se manifiesta a favor de estas sanciones que dicta la Ley de Política Lingüística catalana cuando dice que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán». Al 30,7% de la población encuestada le parece mal y al 47,4%, muy mal. En 2007, la Generalitat puso 83 multas y recaudó 16.250 euros.