La RAE pide apoyos “públicos y privados” ante la orden de cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua por el Gobierno de Daniel Ortega

El Poder Ejecutivo nicaragüense anunció que retirará la personalidad jurídica a la institución por no inscribirse en el registro de “agentes extranjeros” junto a otras 83 ONG locales

La Real Academia Española (RAE) ha emitido este lunes un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación por el posible cierre” de la Academia Nicaragüense de la Lengua, después de que el Gobierno del país centroamericano, presidido por Daniel Ortega, ordenara el pasado sábado el cierre de la institución, junto con otras 83 ONG locales. El motivo que da el Ejecutivo nicaragüense es que esas ONG no se han inscrito debidamente en el registro de “agentes extranjeros”, tal y como obliga la ley. Las organizaciones lo niegan. Otra de las señaladas es la Fundación Enrique Bolaños, conocida por contar con una de las bibliotecas virtuales más completas del país.

Este lunes, el Gobierno nicaragüense hizo la solicitud formal al Parlamento para cerrar la academia de la lengua y las otras 82 organizaciones sin fines de lucro, una iniciativa que será discutida este martes en una sesión plenaria por el órgano, controlado por el oficialismo.

La RAE advierte de que la Academia Nicaragüense, de 94 años de historia, quedará abocada irremisiblemente a la desaparición en cuanto pierda su personalidad jurídica y no pueda manejar cuentas bancarias o pagar salarios. En su comunicado, la RAE recuerda que se trata de una institución “fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país”, en referencia a autores como Rubén Darío, Alfonso Cortés, Ernesto Mejía, José Coronel Urtecho, Lisandro Chávez, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, entre otros. “La Academia”, continua la RAE, “desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma, y cumple una función imprescindible en el concierto internacional como parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), a cuyo trabajo mancomunado contribuye de manera ejemplar”. La institución española pide apoyos públicos y privados para evitar esta “pérdida irreparable”.

Tras el anuncio del Gobierno de Ortega, la Academia Nicaragüense ha reaccionado destacando su longeva historia y su participación en numerosos proyectos panhispánicos, como el Diccionario panhispánico de dudas, el diccionario fraseológico, el diccionario gastronómico panhispánico o el diccionario de americanismos. También ha informado de que se encuentra “trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española”.

La institución fue fundada en Managua, en 1928, por siete intelectuales, liderados por el político y jurista Carlos Cuadra Pasos, que la instalaron en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una de sus motivaciones es el diálogo entre dos culturas, por eso su escudo representa el encuentro entre el conquistador Gil González Dávila y un jefe guerrero del Nuevo Mundo, que podría haber sucedido en 1523, cuando los españoles arribaron a aquellas tierras. Lo acompaña un verso de Rubén Darío: “En espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua”. Entre los académicos actuales se encuentran escritores como Sergio Ramírez, exiliado en España tras una orden de detención emitida por el mismo Gobierno, o la poeta y novelista Gioconda Belli, también opositora del régimen. Precisamente, Belli publicó el domingo un tuit con el siguiente mensaje: “La Academia Nicaragüense de la Lengua tiene personería jurídica desde 1928!! Y ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni Somoza [por el dictador nicaragüense] lo hizo”.

Sumando estas 83 asociaciones, ya serían 229 las ONG amenazadas por el ejecutivo de Ortega, a través del Ministerio de la Gobernación, en lo que va de mayo y 319 desde diciembre de 2018. Ello ha sido posible gracias al voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, y comenzó algunos meses después del estallido de la revuelta popular de abril de 2018, relacionada con las reformas de la Seguridad Social, que el Gobierno de Ortega calificó como golpe de Estado. Ahora alegan que las organizaciones ilegalizadas utilizaron las donaciones que recibían para derrocar al Gobierno durante las protestas, cuya resaca mantiene al país en vilo desde entonces, aunque de estos supuestos cargos no han presentado pruebas.