Panhispanismo: lengua e ideología

En paralelo con las inquietudes lingüísticas de las universidades y de los círculos académicos de los países hispanohablantes, se desarrolla una polémica metalingüística, de carácter ideológico, con posiciones «que reflejan diferentes intereses y visiones de la comunidad y de la lengua, a veces contradictorios, que necesitan de mecanismos políticos y discursivos de legitimación», afirma el lingüista español José Del Valle en su reciente libro La lengua ¿patria común? En el trecho que presentamos, el autor analiza lo que llama «estrategias de autolegitimación» de la Real Academia.

Me parece apropiado comenzar el análisis del nuevo discurso de la RAE citando extensamente de un texto altamente representativo: me refiero a la Nueva Política Lingüística Panhispánica (NPLP) firmado por la Asociación de Academias de la Lengua Española (AALE) y publicado por la RAE:

Las funciones atribuidas tradicionalmente a las Academias de la Lengua consistían en la elaboración, difusión y actualización de los tres grandes códigos normativos en los que se concentra la esencia y el funcionamiento de cualquier lengua y que aseguran su unidad: la Ortografía, el Diccionario y la Gramática. Hasta hace algunos años, el modo de alcanzar esos objetivos se planteaba desde el deseo de mantener una lengua 'pura', basada en los hábitos lingüísticos de una parte reducida de sus hablantes, una lengua no contaminada por los extranjerismos ni alterada por el resultado de la propia evolución interna. En nuestros días, las Academias, en una orientación más adecuada y también más realista, se han fijado como tarea común la de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es, en definitiva, lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante, haciendo compatible la unidad del idioma con el reconocimiento de sus variedades internas (AALE 2004: 3).

Si bien es cierto que la RAE, por su propia naturaleza, desarrolla actividades directamente ligadas a la higiene verbal, también es cierto que el documento en que se describe la política lingüística panhispánica exhibe una versión moderada, casi imperceptible, del prescriptivismo. Al elaborar el concepto de higiene verbal, Deborah Cameron (1995) tuvo la precaución de separarlo conceptualmente del prescriptivismo, insistiendo en que aquél puede de hecho representar un amplio espectro de posiciones en relación con el lenguaje: se puede, por ejemplo, promover un cambio lingüístico en nombre del progreso (sería el caso de los esfuerzos por erradicar expresiones machistas o racistas) u oponerse a él por considerarlo peligroso signo de decadencia intelectual (sería el caso de la tradición alarmista que Milroy y Milroy (1999) han llamado "complaint tradition"); se puede abrazar la diversidad (sería el caso de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o, como veremos, el nuevo normativismo policéntrico de la RAE) o se la puede rechazar al considerarla una amenaza para el orden social (y así la sienten, por ejemplo, en Estados Unidos los ideólogos del movimiento English Only o el profesor de la Universidad Harvard Samuel Huntington en su libro de 2004 Who Are We?).

Pues bien, aunque en la España actual persisten los discursos puristas (y, por supuesto, no sólo en relación con el español) queda claro que la RAE se ha distanciado de la retórica más conservadora y ha adoptado una visión más "adecuada y realista" de la lengua, por usar sus propios términos: por un lado, su objetivo declarado ya no es la preservación del español en su máximo estado de pureza, y por otro, la variación y el cambio son aceptados como hechos naturales del lenguaje que no interfieren con su valor.

Sin embargo, esta nueva actitud, más permisiva, no debe ser interpretada como un liberalismo lingüístico total, como una versión de la higiene verbal en la que todo vale. Aunque la RAE se ha mantenido a distancia de las formas más extremas de prescriptivismo, aún mantiene y declara públicamente la asunción de una responsabilidad moderadamente prescriptiva:

El conocimiento de las características que presenta actualmente nuestra lengua en todos los países que integran el mundo hispánico permite llevar a cabo una auténtica política panhispánica, que recoge lo consolidado por el uso y, en los casos necesarios, se adelanta a proponer las opciones que parecen más aconsejables en aquellos puntos en los que el sistema muestra vacilación (AALE 2004: 4, el énfasis es mío).

Ahora equipos de "expertos" estudian cuidadosamente la lengua a la caza de neologismos. Separan los que aún no se han consolidado en el uso, los examinan y le indican entonces a los hablantes cuáles son los "más aconsejables". Fue precisamente esta actitud moderadamente prescriptiva la que impulsó la publicación en 2005 del Diccionario panhispánico de dudas (DPD), volumen en el cual las Academias recogieron preguntas frecuentes sobre la corrección de temas particulares de sintaxis, vocabulario y ortografía. Durante su presentación (que recibió enorme cobertura mediática), el diario madrileño El País afirmaba:

De la Concha no ha ocultado su "enorme satisfacción" ante la publicación de esta obra, de 880 páginas y 7.250 entradas que recogen, en un lenguaje de fácil comprensión y accesible a los no especializados, las dudas más habituales que asaltan cotidianamente a quienes desean hablar y escribir correctamente español (El País 10/11/2005, el énfasis es mío).

La nueva RAE: moderna, popular y panhispánica

Como toda institución que tiene responsabilidades normativas, la RAE tiene que mantenerse atenta a sus fuentes de legitimidad y de hecho sus representantes son profundamente conscientes del impacto que su imagen pública pueda tener sobre su autoridad. Y por eso, desde los años noventa, se han dado los pasos oportunos para librarse de los clásicos estigmas del conservadurismo, elitismo y eurocentrismo. Ya vimos que frente a la vieja acusación de purismo conservador la Academia dice ahora abrazar la variación y el cambio e insiste en su modernidad y compromiso con el progreso tecnológico.

Además, frente a la acusación de elitismo, la RAE afirma su condición popular. "El pueblo es el dueño absoluto del lenguaje", afirmaba el director de la RAE en una entrevista que publicaba ABC con motivo de su reelección para un tercer mandato al frente de la Docta Casa. Ya un año antes, la presentación pública del DPD les había ofrecido una excelente oportunidad para proyectarse como institución que está en contacto con la calle: "Lo único que hemos hecho es estar atentos a lo que oímos en la calle, hacerlo nuestro y devolvérselo a los hablantes en forma de norma" (García de la Concha cit. en El País 10/11/2005). Claro, no sabemos qué barrios en concreto recorrieron los académicos en busca de la lengua del pueblo; pero lo que sí queda claro, y desde el mismo título del diccionario, es que, en las calles seleccionadas para la elaboración de la norma, todos los países hispanohablantes están representados.

Por lo tanto, y en tercer lugar, para protegerse de la vieja acusación de eurocentrismo, la RAE se compromete ahora a adoptar una aproximación panhispánica tanto hacia la lengua como hacia la política lingüística. De hecho, el ya citado documento NPLP es una declaración de principios que define el español, la norma del español, como internamente variable y que sitúa la responsabilidad y la capacidad de acción no en las manos de España sino de la comunidad panhispánica:

Esta orientación panhispánica, promovida por la Real Academia Española y que las Academias han aplicado sistemáticamente y se plasma en la coautoría de todas las obras publicadas desde la edición de la Ortografía en 1999, procede de la voluntad política de actuar en una determinada dirección (AALE 2004: 3).

En una reunión de la AALE, celebrada en Salamanca en septiembre de 2005, su presidente, el director de la Española García de la Concha, afirmaba lo siguiente: La esencia de todo lo que estamos haciendo es la unidad de lo que llamamos política lingüística panhispánica [...] [lo cual] consiste en que los tres grandes códigos en que se sustenta y expresa la lengua española [...] sean obra no sólo de la Academia Española, sino del conjunto de las academias (El País 15/9/2005).

Pocas semanas después de la reunión de Salamanca, la presentación del DPD (de nuevo en otra ciudad española, Madrid) ofrecía una nueva oportunidad de exhibir el espíritu de cooperación panhispánica que la RAE abraza con tanto entusiasmo. La cobertura del acto que hacía El País subrayaba la autoría colectiva de las veintidós Academias y la realización del proyecto como resultado de un acuerdo, de una suerte de alianza: "Las 22 academias de la Lengua presentan el Diccionario panhispánico de dudas" (El País 10/11/2005); "El gran acuerdo para la unidad del idioma" (El País 10/11/2005). Hay un aspecto concreto de la cobertura que el diario madrileño hacía de este acto que nos ofrece una entrada a la interpretación del carácter político y de las raíces ideológicas específicas no sólo del acto en sí sino de la política panhispánica en su conjunto: la casi frenética repetición de la palabra consenso.

No ha sido difícil de hacer, gracias al gran consenso (El País 10/11/2005).
no estaba claro si sería posible consensuar (El País 10/11/2005).
primer trabajo de consenso América-España. Un hito (El País 10/11/2005).
resultado de un consenso que consolida [...) (El País 11/11/2005).
Y se ha llegado a esto, dicen, por consenso (El País 11/11/2005).
La ministra de Educación destacó la voluntad de consenso (El País 11/11/2005).
(El énfasis es mío en todos los casos).

¹ Este texto fue extraído del libro La lengua ¿patria común?, Iberoamericana, Madrid, 2007 . ISBN 978-84-8489-306-6. El autor es profesor de Lingüística Hispánica en el Graduate Center de la City University of New York.